Molestia generalizada provocó entre los docentes del país la nueva ofensiva de la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, que parece decidida a reprimir toda forma de protesta docente. Luego del reciente paro nacional de 48 horas convocado por el Colegio de Profesores, el organismo fiscalizador emitió un oficio solicitando a los Servicios Locales de Educación y municipios que informen cómo aplicarán descuentos a los profesores que se sumaron a la paralización. Una medida que no solo sorprendió, sino que fue leída como una advertencia punitiva directa.
Con un tono doctrinario casi militar, el documento de Contraloría califica las paralizaciones docentes como “ilegales” y las vincula con una supuesta transgresión constitucional, negando así cualquier espacio para la protesta de los trabajadores del Estado. Pérez invoca un dictamen anterior para justificar que toda ausencia por movilización debe ser descontada, sin importar si hay recuperación de clases o acuerdos internos. El mensaje es claro: la movilización será castigada con el bolsillo, sin espacio para matices ni diálogo.
La respuesta del Colegio de Profesores no se hizo esperar. Su presidente, Mario Aguilar, denunció abiertamente que se trata de una medida antisindical, antitrabajadores y con evidente motivación política. A su juicio, el oficio fue emitido con premeditación justo antes del paro, como forma de amedrentar al gremio. No solo lo considera una señal autoritaria por parte de Pérez, sino también parte de una estrategia coordinada con la derecha, específicamente con la UDI, que inmediatamente salió a exigir descuentos, en un evidente reflejo de colusión ideológica.
Más allá del debate legal, lo que se percibe es el avance de una lógica de control institucional que ve la protesta como una amenaza y no como un derecho. La figura de Dorothy Pérez se afianza como una gestora del orden disciplinario más duro, alineada con el pensamiento de una derecha que no tolera disidencias. Su actuar, cargado de rigidez doctrinaria y desprecio hacia la organización sindical, comienza a perfilarla como un símbolo del nuevo autoritarismo tecnocrático, camuflado de institucionalidad.
