La Fiscalía Metropolitana Oriente está investigando la contratación de la firma Legalcorp por parte de la Municipalidad de Maipú durante el mandato de Cathy Barriga, ante sospechas de que se utilizaron fondos públicos para pagar servicios legales relacionados con una demanda civil en contra de la exalcaldesa y su esposo, Joaquín Lavín León.
La pesquisa, a cargo de la fiscal Constanza Encina, forma parte de la causa por fraude al Fisco que imputa a Barriga un perjuicio superior a $31 mil millones. El objetivo es esclarecer, entre otros aspectos, si hubo desvío de recursos municipales para beneficio personal, agregando nuevas aristas al ya complejo caso.
La investigación avanzó tras recopilar correos electrónicos y testimonios de exfuncionarios que expusieron los vínculos entre el municipio y Legalcorp. Carolina Paz Hervias, abogada municipal entre 2017 y 2018, confirmó que la empresa asesoraba en el seguimiento de causas judiciales, aunque le sorprendió encontrar el nombre de Lavín en una de ellas.
Por su parte, Felipe Contreras Huckstadt, exdirector jurídico de Maipú, declaró haber actuado bajo instrucciones del funcionario Carlos Fairlie, quien a su vez negó conocer a Legalcorp y afirmó que intervino tras un aviso de Lavín.
El origen del caso se remonta a una demanda presentada en 2014 por Patricio Muñoz Campos, exadministrador electoral de Barriga y Lavín, quien los acusó de adeudarle $30 millones por servicios logísticos en campañas electorales. No obstante, el proceso judicial fue archivado por abandono.
Cristóbal Bonacic, abogado de Barriga, desmintió las acusaciones, señalando que los hechos son anteriores al periodo de su representada y destacó un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó revisar la prisión preventiva de la exalcaldesa, tachando de “arbitraria” la decisión previa del tribunal.
