La justicia permitió que el desaforado diputado Mauricio Ojeda dejara la cárcel tras pagar una fianza de apenas $40 millones, reemplazando su prisión preventiva por arresto domiciliario total. La decisión causó indignación considerando que el parlamentario está imputado por el fraude de más de $730 millones en el marco del escandaloso Caso Convenios.
Ojeda había sido recluido en el penal de Temuco el 3 de enero, pero solo tres meses después logró salir al pagar dicha suma. Lo insólito es que el 10 de abril, apenas una semana después de recuperar su libertad, la Corte de Apelaciones revocó el beneficio y ordenó su reingreso a prisión. La consecuencia: el dinero de la fianza le fue devuelto.
El contraste entre los $730 millones defraudados y los $40 millones que bastaron para salir de la cárcel no solo resulta llamativo, sino que roza la burla al sentido de justicia, especialmente cuando se trata de figuras con poder político. El caso refuerza la percepción ciudadana de que en Chile hay una justicia distinta cuando se trata de autoridades.
Recordemos que los fondos públicos involucrados estaban destinados a capacitar a mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas en oficios como peluquería y manicura, cursos que jamás se realizaron. Mientras tanto, los responsables siguen recurriendo a formalismos judiciales para evitar la cárcel, como si la gravedad del desfalco fuera un simple detalle administrativo.
