Un grupo de 130 reclusos de la cárcel de Punta Peuco, todos condenados por crímenes de lesa humanidad, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago luego que Gendarmería ordenara el retiro de sus refrigeradores personales.
Según informó BioBioChile, los afectados —en su mayoría adultos mayores— utilizaban estos electrodomésticos para almacenar medicamentos, alimentos especiales y suplementos nutricionales. La medida fue notificada el 19 de junio por el alcaide del penal, mayor Cristóbal Vargas, quien otorgó un plazo de siete días para que los reos vaciaran y retiraran los aparatos.
La abogada defensora Carla Fernández Montero denunció que la decisión forma parte del plan del gobierno de convertir Punta Peuco en una prisión común, liberando espacio para albergar a 40 reclusos adicionales en camarotes. Calificó el hecho como un “acto arbitrario” que genera “sufrimiento innecesario” y viola la dignidad de los internos, llegando incluso a constituir “trato cruel e inhumano”.
El conflicto se enmarca en el anuncio presidencial de readecuar este centro penitenciario —históricamente destinado a condenados por violaciones a los DD.HH.— para alojar a población penal general. La defensa alega que la medida afecta especialmente a ancianos con necesidades médicas específicas, privándolos de condiciones básicas de preservación de sus tratamientos y alimentos.
La Corte de Apelaciones deberá ahora resolver si la disposición de Gendarmería vulnera derechos fundamentales de los reclusos o si, por el contrario, se ajusta al proceso de transformación carcelaria impulsado por el ejecutivo.
