El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de Ronald Ojeda, solicitó nuevas diligencias al fiscal Héctor Barros para esclarecer el secuestro y asesinato del exmilitar opositor al régimen de Nicolás Maduro en Chile. En particular, busca determinar posibles responsabilidades en la filtración de información que habría facilitado el crimen.
Uno de los puntos clave es el rol del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien podría ser citado a declarar. Se le cuestiona el uso de $8 millones en efectivo provenientes de gastos reservados, supuestamente entregados a la familia de Ojeda, algo que sus cercanos han negado categóricamente.
Además, se pide a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores entregar información sobre un convenio de colaboración con Venezuela firmado en la gestión de Monsalve. La intención es determinar si este acuerdo vulneró el secreto legal del estatus de refugiado de Ojeda y si permitió que agentes extranjeros obtuvieran información sobre su paradero.
Otro punto relevante es la identificación de los responsables del secuestro. Se busca esclarecer si el oficial de inteligencia venezolano Alexander Granko Arteaga ingresó ilegalmente al país y si estuvo acompañado de otros agentes vinculados a Diosdado Cabello, figura clave del chavismo. Ojeda fue secuestrado en febrero por sujetos que se hicieron pasar por la PDI, y su cuerpo apareció días después en una toma en Maipú, lo que refuerza la hipótesis de una operación de inteligencia extranjera.
Finalmente, se exige que Monsalve aclare si tenía conocimiento previo de que agentes venezolanos vigilaban a Ojeda y su familia en Chile y qué acciones tomó al respecto. Esta solicitud vuelve a poner en duda el papel de las autoridades chilenas en la protección de refugiados políticos y reaviva las sospechas sobre la posible presencia de agentes del régimen venezolano en el país.
