La red de escándalos que envuelve a la concejala Daniela Bonvallet (Ind.-RN) es más que un caso aislado: es un retrato agravado de cómo algunas autoridades parecen usar sus cargos como plataformas personales de lucro. La primera acusación, quizás la más grave, apunta a una práctica burda y descarada: exigirle a una asesora –además amiga de colegio– que le transfiriera $1 millón de sus sueldos durante dos meses como condición para ser contratada en la Municipalidad de Ñuñoa. Una transacción absolutamente ilegal disfrazada de “préstamo entre amigas”, mientras los mensajes de WhatsApp hablan por sí solos: “Quédate con el sueldo, pero no trabajamos más. Eran dos meses, no uno. Esa era la condición (..) así quedamos para que empezaras a trabajar”.
Pero no termina ahí. La denuncia da un giro aún más oscuro cuando otra excolaboradora, quien fue administradora electoral de Bonvallet, revela que se incluyeron dos boletas falsas por $1 millón cada una en las rendiciones de campaña del 2024. El objetivo: inflar gastos y obtener más devolución del Estado. A pesar de las excusas de la concejala –que no conocía a los emisores y culpó a su administradora–, el hecho es que el Servel rechazó todos sus gastos. No uno ni dos: todos. Una cifra de $16,5 millones que quiso cobrarle al fisco sin respaldo real.
Cuando la asesora decidió no seguir transfiriéndole dinero, comenzó el acoso laboral: maltratos, presiones para renunciar, y una licencia médica por estrés que precedió su despido. Bonvallet, sin pudor, no solo la dejó sin trabajo, sino que trató de lavar los hechos con explicaciones que se desarman con los mismos comprobantes de transferencias: más de $6 millones enviados a su cuenta personal, en plena convivencia laboral, y con exigencias explícitas. La exasesora incluso afirma que Bonvallet le decía que ni siquiera fuera a trabajar, solo que le pasara el millón.
En paralelo, la denuncia por rendiciones fraudulentas de campaña dibuja un patrón de conducta aún más preocupante: boletas emitidas por personas que no participaron, glosas falsas como “community manager” y un intento descarado de justificar cifras inventadas para llenar el bolsillo con fondos públicos. Todo esto terminó por forzar al alcalde Sebastián Sichel a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Local de Ñuñoa.
Bonvallet, en vez de enfrentar los hechos con seriedad, optó por echarle la culpa a su entorno: la administradora, las amigas, incluso el sistema del Servel. Pero es difícil sostener una defensa cuando las pruebas apuntan todas en su contra, y cuando los propios montos transferidos desde una subordinada muestran una dinámica de abuso de poder clara. Esto no es un error administrativo: es un posible fraude, disfrazado de confianza personal y amistad utilitaria.
En una democracia sana, quienes acceden al poder deberían hacerlo para servir al bien común. Pero en este caso, los antecedentes presentados a la Fiscalía sugieren que Bonvallet usó su cargo como una caja pagadora personal, donde las lealtades eran compradas, las campañas eran infladas con facturas falsas, y los fondos públicos eran tratados como si fuesen parte de su billetera privada. El daño a la institucionalidad no solo es grave: es una advertencia de cómo el clientelismo y la impunidad pueden disfrazarse de independencia política.
