La reciente carta enviada por un grupo de empresarios chilenos, advirtiendo que sin una lista única en la derecha no habría financiamiento, refleja la presión que ciertos sectores económicos ejercen en la política. Más que una simple opinión, se percibe como una forma de condicionamiento, donde el apoyo económico se transforma en una herramienta de control sobre las estrategias electorales.
Este hecho genera un debate profundo sobre los límites entre el mundo empresarial y el político. Si bien es legítimo que los empresarios tengan posturas y apoyen candidaturas, el tono de la carta parece ir más allá de la participación democrática, acercándose a una amenaza velada que pone en entredicho la autonomía de los partidos y la transparencia del sistema político.
En el fondo, la situación expone la fragilidad de la derecha en su capacidad de articular un proyecto propio sin depender de presiones externas. También invita a reflexionar sobre cómo el financiamiento privado, cuando se convierte en un condicionante explícito, erosiona la confianza ciudadana en la política y refuerza la idea de que el poder económico sigue teniendo la última palabra.
Fuen en ese escenario, en que la senadora Alejandra Sepúlveda dejó callada a la derecha, que no pudo refutar NADA de lo que la parlamentaria dijo:
