El caso SQM (Soquimich) fue una de las mayores investigaciones por financiamiento ilegal de la política en Chile. Estalló en 2015, cuando se descubrió que la empresa —controlada entonces por Julio Ponce Lerou— habría emitido boletas ideológicamente falsas para canalizar dineros hacia campañas políticas de distintos sectores, especialmente ligados a la ex Concertación y a la derecha. El esquema permitió desviar importantes sumas disfrazadas de gastos operacionales.
Uno de los fiscales que lideró la investigación fue Carlos Gajardo, quien junto a Pablo Norambuena impulsó una línea dura contra el financiamiento ilegal y buscó llevar a juicio a personas poderosas, incluyendo políticos y empresarios relevantes. En ese camino, el nombre de Luis Hermosilla aparece varias veces, ya que representaba intereses vinculados a SQM en las diligencias iniciales, incluso durante las primeras incautaciones.
Con el paso del tiempo, las decisiones institucionales comenzaron a ir en otra dirección: el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público optaron por salidas alternativas y acuerdos reparatorios con SQM, en lugar de llegar a juicios orales que pudieran exponer todo el entramado político-empresarial. Para Gajardo y Norambuena, esto fue una clara señal de que no se les permitiría llegar “hasta el fondo”.
Ante ese escenario, ambos fiscales decidieron renunciar en enero de 2018, señalando públicamente su desacuerdo con la manera en que la Fiscalía cerraba causas emblemáticas. Para muchos, su salida fue una renuncia con mensaje: que la justicia chilena tiene límites cuando se trata de tocar a los poderosos.
