La figura del Inspector Vallejo se instaló en el imaginario público chileno a comienzos de los años 2000, cuando se transformó en rostro habitual de la crónica policial en televisión. Con un estilo directo, tono didáctico y apelando a su experiencia en terreno, Vallejo construyó un personaje mediático que combinaba el relato de casos emblemáticos con reflexiones morales sobre el delito, la violencia y la sociedad. Esa exposición constante lo posicionó como una voz “autorizada” para opinar no solo de hechos policiales, sino también de contingencia política y de derechos humanos.
Sin embargo, su trayectoria profesional se remonta a la dictadura militar, período en el que formó parte de la Policía de Investigaciones de Chile, institución que operó bajo el régimen de Augusto Pinochet y convivió con organismos represivos como la DINA. Si bien Vallejo no ha sido judicialmente vinculado a violaciones a los derechos humanos, su paso por la PDI en ese contexto histórico ha sido recurrentemente cuestionado en el debate público, especialmente cuando adopta posturas que relativizan abusos cometidos por agentes del Estado. Esa tensión entre su pasado institucional y su rol mediático explica por qué cada una de sus intervenciones vuelve a abrir una discusión más profunda sobre memoria, responsabilidades y legitimidad moral.
Por otro lado, esa historia personal y mediática vuelve a tensionarse cada vez que el exinspector interviene en casos vinculados a violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia. Sus opiniones, emitidas desde una posición de autoridad policial construida en televisión, suelen generar rechazo inmediato cuando parecen alinearse más con la defensa corporativa que con una mirada crítica del actuar estatal, especialmente en contextos donde las víctimas han sido ampliamente reconocidas por la justicia y la opinión pública.
Ese choque quedó en evidencia tras el episodio que involucró al excarabinero Claudio Crespo y al estudiante Gustavo Gatica, quien quedó ciego tras recibir disparos de perdigones durante el estallido social de 2019. La defensa pública de Crespo por parte del Inspector Vallejo fue leída por muchos como una minimización de la gravedad del daño causado y reactivó las críticas sobre su rol histórico, reforzando la idea de que ciertas lógicas policiales —forjadas en contextos autoritarios— siguen aflorando cuando se trata de juzgar responsabilidades frente a abusos evidentes.
En esa línea, Inspector Vallejo volvió a encender la polémica al poner en duda las acusaciones contra Claudio Crespo. El exdetective sostuvo que el caso debería ser analizado por “abogados honestos” y que incluso podría utilizarse como material de estudio en cátedras universitarias, sugiriendo que el proceso judicial estaría cargado de sesgos más ideológicos que jurídicos. Sus palabras fueron interpretadas como un intento de relativizar un caso que para amplios sectores ya tiene una dimensión ética y de derechos humanos incuestionable.
La respuesta no tardó en llegar desde redes sociales. La cuenta Botchecker, conocida por confrontar y desmentir a figuras de derecha cuando detecta falsedades o dobles discursos, le recordó públicamente a Vallejo su pasado como detective activo durante la dictadura. En particular, apuntó a su paso por la Policía de Investigaciones de Chile en años en que operaba la DINA del régimen de Augusto Pinochet, cuestionando la autoridad moral desde la cual hoy pretende dar lecciones sobre justicia y verdad.
La cosa no quedó ahí, Botchecker le metió un recordatorio que fue directo, incómodo y devastador para el relato de Vallejo, dejando en evidencia que no se puede opinar del presente sin hacerse cargo del pasado. Un golpe seco que, para muchos, cerró el debate mejor que cualquier alegato jurídico.
