La minuta presentada por el Ministerio de Transportes revela una lógica de “optimización” que, en la práctica, se traduce en recortes encubiertos del servicio. Bajo conceptos técnicos como ajuste de oferta o revisión de frecuencias, lo que realmente se plantea es una disminución progresiva de buses en horarios y días donde, precisamente, los sectores más vulnerables siguen necesitando movilizarse. No es eficiencia: es ajuste por la vía del usuario.
El golpe más directo recae en quienes dependen exclusivamente del transporte público: trabajadores informales, turnos nocturnos, empleos precarios y periféricos. Reducir buses en fines de semana y horarios nocturnos ignora una realidad evidente: los más pobres no tienen jornadas “de oficina”. Son justamente ellos quienes pagan el costo de esperar más, viajar más apretados o simplemente quedar sin alternativas.
La eliminación de buses articulados en ciertos horarios también es una señal preocupante. Estos vehículos cumplen un rol clave en ejes de alta demanda, y reemplazarlos por buses más pequeños implica saturación, tiempos de espera más largos y una experiencia de viaje más indigna. En vez de mejorar el sistema, se normaliza el deterioro de la calidad del servicio para quienes no tienen otra opción.
El argumento de priorizar buses eléctricos, aunque positivo en lo ambiental, aparece desconectado de la urgencia social. De poco sirve una flota más “limpia” si el servicio es menos frecuente y menos accesible. La sostenibilidad no puede construirse a costa de la accesibilidad, porque termina profundizando desigualdades en lugar de resolverlas.
En definitiva, este plan no optimiza el transporte: lo redistribuye en perjuicio de quienes menos tienen. La lógica de reducir oferta en contextos de menor demanda es técnicamente defendible, pero socialmente miope. Un sistema de transporte público no puede medirse solo en eficiencia operativa, sino en su capacidad de garantizar movilidad digna. Y en ese estándar, estas medidas claramente retroceden.
