La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, afirmó que las autoridades anteriores habrían dejado a las policías “solas” y “desarmadas moralmente”, planteando una crítica política a la gestión del gobierno de Boric en materia de seguridad. Sin embargo, su declaración no fue acompañada de datos concretos —como cifras de presupuesto, dotación o resultados operativos—, lo que la sitúa más en el plano interpretativo que en el evidencial.
Esa lectura contrasta con declaraciones del entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en 2024 sostuvo que el gobierno “se ocupó de hacerse cargo de las deficiencias y falencias” de la institución, destacando además que “nunca había visto una asignación de recursos de tal envergadura”. Estas afirmaciones provienen del máximo jefe en ejercicio de la policía uniformada, lo que les otorga un peso institucional distinto al de una autoridad política.
Además, Yáñez calificó la relación con el Presidente como “muy buena, muy fluida”, señalando que la confianza entre el Ejecutivo y Carabineros permitió avanzar en diversas materias. Estas declaraciones sugieren no solo un respaldo operativo y presupuestario, sino también un vínculo institucional estable, lo que tensiona directamente la idea de un “abandono” o debilitamiento generalizado.
En ese contexto, se configura una clara contradicción: mientras la subsecretaria plantea un diagnóstico crítico sin respaldo empírico explícito, el propio liderazgo de Carabineros describe un escenario de fortalecimiento relativo y colaboración con el gobierno. Esto no zanja el debate, pero sí evidencia que las evaluaciones sobre seguridad pueden variar significativamente según la posición política o institucional desde la cual se emiten.
Fuentes:
https://www.cnnchile.com/pais/yanez-relacion-boric-recuros-gobierno-carabineros_20240823
