El gobierno evalúa suspender la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, tras una serie de críticas y cuestionamientos sobre la legalidad y ética de la transacción.
La vivienda, valorada en $933 millones, es copropiedad de la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, lo que generó controversia debido a posibles conflictos de interés y a la prohibición constitucional que impide a los ministros celebrar contratos con el Estado.
La adquisición formaba parte de un plan gubernamental para convertir las residencias de expresidentes en casas-museo, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y cultural del país.
Sin embargo, la oposición y diversos sectores políticos manifestaron su rechazo, argumentando que la compra infringía la Constitución y cuestionando la transparencia del proceso.
Ante la polémica, el Ejecutivo decidió reevaluar la operación y solicitó la interrupción de las vacaciones de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, encargada de la transacción, para abordar la situación y analizar posibles soluciones.
