El candidato presidencial Johannes Kaiser proclamó en un mitin en Osorno medidas que sonaban más a amenazas que a propuestas de gobierno: anunció que, si llega a La Moneda, cerraría la frontera con Bolivia y prometió castigos simbólicos y prácticos contra quienes, según él, han empeorado la posición de Chile. Sus palabras —poniendo como ejemplo el “remate” de autos chilenos en el vecino país— se presentaron con un tono beligerante y dogmático, y llegaron a augurar que “en La Paz lo van a pasar muy mal”, incluso sugiriendo que la capital boliviana debería cambiar de nombre.
El discurso continuó en la misma línea de revancha: Kaiser habló de “recuperar” el país mediante medidas drásticas y mencionó la creación de prisiones donde, dijo, los opositores podrían ser obligados a trabajar y “reeducados” antes de recibir contratos laborales. Ese lenguaje —mezcla de delirante grandilocuencia y advertencias explícitas— no solo resulta inquietante por su carga amenazante, sino que también podría generar fricciones diplomáticas e incomodidad internacional por la naturaleza punitiva y humillante de las medidas que propone.
Kaiser llevó sus declaraciones al extremo al referirse directamente al dirigente comunista Eduardo Artés y al Partido Comunista de Chile, prometiendo que si llegara al poder el propio Artés “podría dar clases” desde una de las prisiones que su eventual gobierno “generaría” para sus adversarios ideológicos. La alusión —entre sarcasmo y amenaza— incluyó la idea de que los comunistas serían “reeducados” mediante trabajo forzado, lo que transformó su discurso en una exhibición de autoritarismo abierto que traspasa la provocación política para rozar el delirio punitivo.
