El Caso SQM estalló a fines de 2014 y principios de 2015, cuando investigaciones vinculadas al Caso Penta descubrieron que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) habría financiado campañas políticas mediante boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas entre 2009 y 2014.
La Fiscalía acusó que la minera habría entregado entre USD 8 y 14,7 millones a casi 300 personas, para financiar partidos y candidatos de diversos sectores de Chile.
Entre los principales imputados figuran el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, quien fue acusado de aprobar la mayoría de los pagos ilegales; el exsenador y exministro de Economía de la UDI, Pablo Longueira; y el excandidato presidencial Marco Enríquez‑Ominami (PRO).
A ellos se suman varios otros políticos y exasesores, lo que amplió el alcance del escándalo y lo convirtió en uno de los mayores casos de financiamiento político ilegal en la historia reciente de Chile.
El proceso judicial ha sido largo y complejo: iniciando en 2015, pasando por múltiples querellas, diligencias y una decena de años de investigación; para 2025 se encontraban en juicio oral los ocho imputados principales.
La dilación del proceso, las estrategias defensivas y los cambios de fiscales también han sido objeto de críticas, especialmente por la sensación que muchos tienen de que la justicia se estanca cuando toca sectores de poder.
Este escándalo no solo sacó a la luz financiamientos ocultos y relaciones entre empresas, partidos y políticos, sino que también dejó en evidencia vacíos institucionales: la debilidad del control tributario, la lentitud de la fiscalización y la falta de sanciones efectivas. A pesar del volumen de la evidencia, gran parte de los imputados ha quedado libre de condena o con penas leves, lo que alimenta críticas sobre impunidad selectiva.
